Tijuana, Baja California, 16 de abril de 2026.- Un total de 11 viudas de policías en Tijuana ya cuentan con servicio médico activo, mientras que otras 30 recibirán apoyo económico a finales de abril, como parte de los acuerdos derivados de mesas de trabajo encabezadas por el Gobierno Municipal.

La Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que estos avances responden al seguimiento de casos específicos planteados por familiares de agentes caídos, en coordinación con distintas dependencias municipales.

De acuerdo con la funcionaria, el acceso a servicios médicos se logró mediante la incorporación de beneficiarias al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), lo que representa uno de los principales apoyos en materia de protección social para este sector.

En paralelo, otras 30 viudas recibirán un apoyo económico destinado a cubrir gastos de carácter social, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Especial número 4 de la Sindicatura Procuradora. La entrega está programada para finales del presente mes.

Balderas Beltrán detalló que alrededor de 46 viudas se han acercado a la Sindicatura para recibir asesoría y acompañamiento en sus trámites, lo que ha permitido avanzar en la integración de expedientes y la validación de cada caso.

Indicó que este proceso se ha desarrollado en coordinación con áreas como Oficialía Mayor, Tesorería y Gestión Social, lo que ha facilitado la canalización de recursos y la resolución de solicitudes pendientes.

Entre las beneficiarias que recibirán el apoyo económico se encuentran dos casos de mujeres que tienen hijos con discapacidad permanente, una condición que actualmente no está contemplada de manera amplia dentro de la normativa vigente.

Ante esta situación, la Síndica Procuradora adelantó que propondrá ampliar los criterios del programa para incluir a hijas e hijos con discapacidad permanente, independientemente de su edad, con el fin de garantizar una cobertura más incluyente.

La normativa actual establece que los beneficios están dirigidos a hijos menores de edad o estudiantes menores de 23 años, lo que deja fuera a personas con discapacidad que requieren apoyo continuo más allá de ese rango.

Finalmente, la funcionaria reiteró que todos los trámites son personales y no requieren intermediarios, por lo que llamó a las interesadas a acudir directamente a la Sindicatura Procuradora para recibir orientación y seguimiento en sus solicitudes.

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