La funcionaria respondió públicamente a información difundida este jueves sobre el caso y sostuvo que la denuncia inicial fue presentada únicamente contra el ciudadano identificado como Edoardo “N”, por presuntas conductas que actualmente son materia de investigación.

De acuerdo con la explicación de Balderas Beltrán, durante la integración del expediente el IEEBC solicitó información a la empresa Meta Platforms, responsable de Facebook e Instagram. La respuesta técnica obtenida por la autoridad electoral habría abierto nuevas líneas de investigación relacionadas con el origen y la difusión de las publicaciones señaladas en la denuncia.

Como parte de esas diligencias, el Instituto requirió información a diversas personas, entre ellas Dora Elena Cortés Juárez y Norma Yolanda Cortés Juárez, propietarias de AFN.

Según la versión de la síndica, durante su comparecencia Dora Elena Cortés manifestó no contar con la información requerida sobre la autoría de la publicación investigada. Posteriormente, el IEEBC determinó emplazarla dentro del procedimiento en su calidad de representante legal del medio de comunicación.

Balderas Beltrán afirmó que esa decisión fue tomada por el propio órgano electoral y sostuvo que obedece al marco jurídico aplicable sobre la responsabilidad editorial de los contenidos publicados por un medio digital, no a una petición expresa formulada por ella.

La audiencia de pruebas y alegatos fue programada para el próximo 16 de julio a las 12:00 horas, cuando las partes podrán presentar los argumentos y elementos que consideren pertinentes ante la autoridad electoral.

Un caso que abre el debate sobre medios y responsabilidad editorial

Más allá del litigio específico, el procedimiento ha despertado interés entre periodistas, abogados y organizaciones relacionadas con la libertad de expresión, debido a que involucra la posible responsabilidad de representantes legales de medios digitales dentro de investigaciones electorales.

Hasta el momento, el procedimiento continúa en etapa de instrucción y aún no existe una resolución sobre el fondo del asunto ni una determinación respecto a la existencia o inexistencia de alguna infracción.

En su posicionamiento, la síndica insistió en que no mantiene una confrontación contra AFN ni contra las hermanas Cortés Juárez y reiteró que su denuncia permanece dirigida exclusivamente contra el ciudadano señalado originalmente.

Corresponderá al Tribunal de Justicia Electoral, en caso de que el expediente avance a esa etapa, valorar las pruebas reunidas por el Instituto Estatal Electoral y determinar si existen responsabilidades conforme a la legislación vigente.

Mientras tanto, el caso mantiene la atención del gremio periodístico y de especialistas en derecho electoral, ya que podría aportar criterios relevantes sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con publicaciones difundidas en plataformas digitales.

La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó que la reforma aprobada durante la administración municipal anterior establece lineamientos generales respecto al uso de polarizados, pero no define aspectos clave para su cumplimiento y supervisión.

Entre los puntos que requieren mayor precisión destacan los porcentajes permitidos de transmisión de luz en los cristales de los vehículos, así como los criterios técnicos para determinar si una unidad cumple con las disposiciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas.

De acuerdo con la funcionaria, el reglamento tampoco especifica qué herramientas deben utilizar los agentes encargados de aplicar la norma ni los procedimientos para realizar mediciones objetivas sobre el nivel de oscurecimiento de los cristales.

La ausencia de estos elementos puede derivar en interpretaciones distintas durante las revisiones vehiculares. Esto podría generar dudas entre automovilistas sobre qué niveles de polarizado están permitidos y, al mismo tiempo, complicar la labor de los oficiales responsables de verificar el cumplimiento de la reglamentación.

El tema ha generado interés entre la ciudadanía debido a que los vidrios polarizados son utilizados por miles de conductores en Tijuana, tanto por razones de privacidad como para reducir la exposición al calor. Sin embargo, la falta de parámetros claramente definidos puede abrir espacio a criterios variables durante las inspecciones.

Balderas Beltrán consideró que el marco normativo debe fortalecerse mediante reglas más precisas que establezcan límites técnicos, procedimientos homologados y mecanismos de verificación confiables. La intención, señaló, es brindar certeza jurídica tanto a los ciudadanos como a las autoridades responsables de hacer cumplir el reglamento.

La Sindicatura destacó que continúan realizándose mesas de trabajo dentro de la administración municipal para revisar el tema y analizar posibles ajustes regulatorios.

Para la población, el debate tiene implicaciones directas. Una regulación clara permitiría a los conductores conocer con exactitud qué características deben cumplir sus vehículos para evitar sanciones, mientras que las autoridades contarían con criterios uniformes para aplicar la norma de manera transparente.

El análisis también ocurre en un contexto donde la seguridad pública y los derechos de los automovilistas forman parte de la discusión sobre el uso de polarizados. Especialistas han señalado en distintas ocasiones que la claridad regulatoria es fundamental para evitar discrecionalidad y garantizar que las revisiones se realicen bajo estándares verificables.

Mientras avanzan las revisiones técnicas y jurídicas, la administración municipal mantiene abierta la discusión para definir mecanismos que permitan una aplicación más precisa de la normativa vigente en Tijuana.

La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, informó que al corte de los primeros ocho días del mes, alrededor de 722 funcionarios ya habían cumplido con la entrega de su declaración patrimonial mediante la plataforma DeclaraNet.

La funcionaria recordó que este procedimiento debe realizarse cada año para reportar cualquier cambio en los bienes, ingresos o situación patrimonial respecto al ejercicio anterior.

“Este es un trámite obligatorio que todas y todos los funcionarios debemos realizar durante este mes”, señaló Balderas Beltrán al insistir en la importancia de cumplir en tiempo y forma con la obligación establecida por la ley.

De acuerdo con la titular del Órgano Interno de Control, la declaración patrimonial contempla información relacionada con tres figuras: la persona declarante, su cónyuge o concubina(o), así como sus dependientes económicos.

Balderas Beltrán explicó que tanto personal de base como de confianza debe realizar el proceso digital a través de DeclaraNet, plataforma disponible las 24 horas del día. Recomendó ingresar directamente desde los portales oficiales de Sindicatura Tijuana o del Ayuntamiento de Tijuana para evitar contratiempos.

Además del registro electrónico, la síndica recordó que el trámite requiere la entrega física del acuse correspondiente para quedar concluido formalmente.

Las oficinas de Declaración Patrimonial se encuentran ubicadas en el tercer piso de Palacio Municipal y operan en un horario de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. También se habilitó un módulo en el patio central de Palacio Municipal, disponible de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La funcionaria precisó que deben reportarse los ingresos propios y aquellos correspondientes al matrimonio, cónyuge o concubinato. Sin embargo, aclaró que no es necesario declarar ingresos de familiares cuando no exista participación económica directa.

La Sindicatura reiteró que el objetivo de este mecanismo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro del servicio público municipal, además de dar cumplimiento a las obligaciones previstas para quienes desempeñan funciones gubernamentales.

Balderas Beltrán indicó que el personal de la dependencia se mantiene disponible para brindar orientación y resolver dudas relacionadas con el llenado de la declaración patrimonial.

La reunión reunió a equipos técnicos de ambas dependencias, quienes intercambiaron experiencias sobre la gestión de procedimientos administrativos, con énfasis en la optimización de tiempos y la homologación de criterios operativos.

La síndica procuradora de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, destacó que el intercambio institucional forma parte de una ruta de mejora orientada a elevar la eficiencia en la atención de casos. Señaló que uno de los principales desafíos detectados al inicio de la actual administración fue el rezago acumulado en expedientes, lo que obligó a establecer esquemas de atención prioritaria.

Dentro de este proceso, explicó que se han enfocado en atender primero los casos considerados de mayor impacto, especialmente aquellos relacionados con posibles vulneraciones a derechos humanos, lo que permitió avanzar en la emisión de resoluciones en distintas áreas.

Además, indicó que los expedientes vinculados a elementos de corporaciones policiales representan una parte importante de la carga de trabajo, por lo que se mantiene coordinación constante con instancias de seguridad municipal para dar seguimiento puntual a estos casos.

Por su parte, la síndica de Tecate, Sarahí Osuna Arce, reconoció la importancia de generar espacios de colaboración entre municipios, al considerar que compartir modelos de trabajo permite identificar buenas prácticas y adaptarlas a contextos locales.

Como parte de la jornada, el equipo visitante realizó un recorrido operativo en la Dirección de Investigación y Determinación de la Sindicatura de Tijuana, donde observaron de manera directa los procesos de integración, análisis y resolución de expedientes administrativos.

El encuentro forma parte de una estrategia de vinculación institucional que busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales, mejorar la transparencia en la gestión pública y optimizar la atención a las demandas ciudadanas.

La jornada se realizó en la Sala COMPSAT del Centro de Comando y Control (C2), donde se expusieron los lineamientos legales que rigen la presentación de la declaración patrimonial en sus tres modalidades: inicio, modificación y conclusión. La capacitación se centró en prevenir faltas administrativas derivadas del desconocimiento de estas obligaciones.

Durante su intervención, Balderas Beltrán subrayó que el cumplimiento de este requisito no es opcional y que su omisión puede derivar en sanciones que van desde amonestaciones hasta inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. Informó que actualmente la Sindicatura Procuradora mantiene alrededor de 160 procedimientos sancionatorios relacionados con la omisión en la presentación de este trámite.

La síndica destacó que estas capacitaciones se realizan de manera periódica como parte de una estrategia preventiva orientada a reforzar la cultura de la legalidad dentro del gobierno municipal. Señaló que el objetivo es proporcionar a los servidores públicos herramientas claras para cumplir con sus responsabilidades y evitar irregularidades administrativas.

También resaltó la coordinación institucional con la SSPCM, al referir que desde el inicio de la actual administración se ha mantenido una comunicación constante con el titular de la dependencia, José Alejandro Avilés Amezcua, lo que ha permitido implementar acciones conjuntas en materia de control interno y cumplimiento normativo.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal enfatizó la importancia de este tipo de ejercicios formativos para consolidar corporaciones más íntegras y confiables. Indicó que la capacitación del personal no solo se enfoca en el ámbito operativo, sino también en el cumplimiento de las obligaciones legales que rigen el servicio público.

El contexto en el que se desarrolla esta capacitación cobra relevancia debido al papel que desempeñan las corporaciones de seguridad en la administración pública, donde el apego a la legalidad y la transparencia resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana.

Además, la implementación de estas jornadas responde a la necesidad de reducir riesgos administrativos dentro de las dependencias municipales, particularmente en áreas sensibles como la seguridad pública, donde el cumplimiento de los marcos normativos es clave para garantizar el correcto desempeño institucional.

En el evento participaron autoridades de distintas áreas operativas y administrativas, entre ellas responsables de la Dirección de Responsabilidades de Sindicatura, así como mandos de la Policía y Tránsito Municipal y del área de Desarrollo Policial, quienes respaldaron estas acciones como parte de un proceso continuo de profesionalización.

Estas capacitaciones forman parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento de Tijuana para fortalecer los mecanismos de control interno, prevenir actos irregulares y promover una gestión pública basada en principios de legalidad, transparencia y responsabilidad.

La jornada informativa se enfocó en detallar los procesos y responsabilidades que deben atender las y los servidores públicos en torno a la presentación de sus declaraciones patrimoniales, así como en reforzar los valores de integridad, legalidad y rendición de cuentas dentro del ámbito educativo municipal.

Durante la actividad, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, destacó la participación del magisterio municipal, al considerar que refleja una disposición activa para cumplir con la normatividad vigente y fortalecer prácticas administrativas responsables. Señaló que la capacitación permite brindar certeza a las y los trabajadores sobre los procedimientos que deben seguir para evitar inconsistencias o sanciones.

Explicó que la ley establece tres tipos de declaraciones patrimoniales obligatorias: la de inicio, que se presenta al ingresar al servicio público; la de modificación, que se realiza de manera periódica; y la de conclusión, al finalizar funciones. La capacitación incluyó orientación detallada sobre cada una de estas etapas.

Balderas Beltrán también subrayó la importancia de los Comités de Ética dentro de las dependencias municipales, al considerarlos mecanismos clave para promover conductas alineadas con principios de honradez, responsabilidad y legalidad. Estos órganos, indicó, contribuyen a consolidar una cultura institucional basada en la integridad.

En el mismo sentido, el secretario de Educación Pública Municipal, Miguel Alfredo Nuño García, afirmó que el fortalecimiento del magisterio no solo debe centrarse en el ámbito pedagógico, sino también en el cumplimiento de responsabilidades administrativas y legales. Señaló que este tipo de capacitaciones amplía la formación integral de quienes forman parte del sistema educativo municipal.

La actividad se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el gobierno municipal para consolidar prácticas de transparencia y rendición de cuentas en todas sus áreas. Estas estrategias buscan fortalecer la confianza ciudadana y garantizar un desempeño institucional alineado a la normativa vigente.

En el arranque de la capacitación participaron autoridades municipales y educativas, entre ellas la regidora Mónica Padilla Villavelázquez; la directora de Normatividad de la Secretaría de Educación Pública Municipal, Celina Padilla Gómez; la titular de la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura Procuradora, Rosa Isela Granados; así como supervisores del sistema educativo municipal.